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 El
pasado 3 de octubre, después de haberme desempeñado como directora del
Archivo General de Puerto Rico durante 10 años, renuncié a mi puesto. En
estos momentos las razones de mi renuncia no tienen importancia alguna.
Lo que sí la tiene es que después de 10 años de esfuerzos, de
importantes proyectos culturales y educativos, de convenios nacionales e
internacionales, de rehabilitar un edificio para servir a nuestros
ciudadanos, continúan los mismos problemas.
Hoy el edificio del Archivo General está cerrado al público. Hoy no hay
acceso para los investigadores ni para los estudiantes. Hoy no hay
acceso para los ciudadanos que requieren de documentos históricos que
serán utilizados para el reclamo de sus derechos ante los tribunales
El día antes de dejar mi puesto entregué al director ejecutivo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña, entidad a la cual está adscrito el
Archivo General, un informe de logros y proyecciones del Archivo para
incluirse en el informe de transición de la agencia. En él incluí lo que
la comunidad de archiveros, profesores, historiadores e investigadores
hemos estado solicitando a la Legislatura durante los últimos 20 años o
quizás más. Esto no es otra cosa que la autonomía fiscal y
administrativa del Archivo General con respecto al Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
A los que conocemos bien esta institución, ya sea porque trabajamos en
ella o hacemos uso de su acervo documental, no nos cabe la menor duda de
que todos los problemas que ha enfrentado el Archivo General, desde la
escasez de presupuesto y de personal hasta los problemas de
infraestructura del edificio que lo alberga, se deben a la dependencia
que tiene del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
El acervo del Archivo General crece cada día, y como entidad, se
convierte en algo tan grande y complejo como la institución que la
alberga. Su importancia en esta sociedad, su misión y su responsabilidad
para con los ciudadanos, requieren de un aumento significativo de sus
recursos humanos y de un presupuesto adecuado que permita organizar,
restaurar y conservar el patrimonio que custodia. Es necesario que las
autoridades entiendan la importancia que reviste para una sociedad la
existencia de este tipo de instituciones. No está de más decir, aunque
ya lo han dicho muchos, y yo en un sinnúmero de ocasiones, que un pueblo
sin memoria es un pueblo destinado a desaparecer.
El 25 de noviembre es la vista pública del ICP ante el Comité de
Transición. En el renglón de proyecciones del informe que sometí al
Instituto se menciona la autonomía para el Archivo General. Tengo la
esperanza de que este dato sea incluido en su presentación.
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