Edificio para expropiar

Precio de venta: $12.5 millones
Inversión legislativa prevista: $6.9 millones
Ubicación: Paseo Covadonga, Puerta de Tierra
Espacio interior: 41,453 pies cuadrados
Lote: 2,001 metros cuadrados
Pisos: Cuatro más sótano
Tamaño oficinas: de 1,686 a 7,449 pies cuadrados
Otros: un elevador, cuartos de conferencia, cocina, baños y pisos en madera y mármol

 

Edificios de la Legislatura

1. Capitolio
Uso: hemiciclos, oficinas de presidentes de las cámaras, audiencias públicas y otros

2. Anexo del Senado, Rafael Martínez Nadal
Uso: Oficinas de legisladores, comisiones legislativas y audiencias públicas

3. Anexo de la Cámara, Ernesto Ramos Antonini
Uso: oficinas de legisladores, de comisiones y asesores, audiencias públicas

4. Ramón Mellado Parsons
Uso: oficinas

5. Medicina Tropical
Uso: Oficina de Servicios Legislativos, Superintendencia del Capitolio, Administración de la Cámara y oficinas de asesores

6. Luis A. Ferré
Uso: Oficinas de Legisladores, de comisiones y audiencias públicas

7. Edificio Freiría (alquilado por la Legislatura)
Uso: oficinas

8. Comisión Estatal de Elecciones 1
Uso: oficinas Cámara y Senado

9. Comisión Estatal de Elecciones 2 (alquilado por la Legislatura)
Uso: oficinas del Senado

10. Luis Muñoz Marín (antes Medical Arts)
Uso: oficinas

11. Antiguo El Vocero
Uso: oficinas Cámara

12. Edificio sin nombre (alquilado por la Legislatura)
Uso: almacén de superintendencia

Chiquita la Casa de las Leyes

Aponte y McClintock empujan la expropiación de un edificio que elevaría a 10 las propiedades de la Legislatura.

viernes,27 de junio de 2008
 
Por Javier Colón Dávila  /
El Nuevo Día



La Asamblea Legislativa se apresta a invertir $6.9 millones en la expropiación de un edificio por el cual han estado negociando desde 2005.

Los presidentes de los cuerpos legislativos, José Aponte, de la Cámara, y Kenneth McClintock, del Senado, coincidieron ayer en que la adquisición se justifica como parte del plan para establecer el “distrito capitolino”.

El edificio se utilizaría para oficinas de legisladores y salones de vistas públicas, indicaron. La Legislatura es dueña de nueve edificios y tiene alquiladas otras tres estructuras.

Según destacó McClintock, otro beneficio de la adquisición del inmueble de cuatro pisos es “reducir el gasto de alquiler de facilidades”.

“Lo preferible es comprarlo”, agregó al descartar como opción de espacio adicional el Edificio de Medicina Tropical. Argumentó que tardará al menos dos años y medio poner este último edificio en condiciones aptas, lo que cuesta $20 millones.

McClintock no pudo precisar cuánto gasta la Asamblea Legislativa en alquiler en estos momentos.

“Hay espacio suficiente”

El primer paso para adquirir el inmueble, ubicado en la Paseo Covadonga, fue la aprobación en ambos cuerpos legislativos -tarde la noche del miércoles-, de una resolución que asigna a la Asamblea Legislativa $8.9 millones provenientes de sobrantes de una emisión de bonos anterior para comprar y hacerle mejoras al edificio, entre otros asuntos.

Pero Héctor Ferrer, el portavoz popular de la Cámara, expresó que no le ve muchas opciones a esta resolución legislativa porque anticipa el veto del Gobernador.

“Hay espacio en el edificio Luis A. Ferré”, sostuvo Ferrer.

Entretanto, el portavoz popular del Senado, José Luis Dalmau, dijo que la transacción para adquirir el inmueble se puede evaluar, “pero que se haga con fondos de la Legislatura”.

En su oficina presidencial, Aponte defendió la adquisición del edificio.

“Estamos identificando espacios en el área para reubicar oficinas”, dijo Aponte al recordar los tiempos en que legisladores tenían sus oficinas en la Casa Olímpica.

Sin acuerdo con el dueño

“Se entró en una negociación amigable. Se hizo un acercamiento, no llegaron a un acuerdo y están recomendando la expropiación”, dijo Aponte.

En una entrevista por separado, el superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez, presentó una lista de cuatro tasaciones del edificio.

Dos tasaciones fueron preparadas por firmas contratadas por el dueño de la propiedad en septiembre de 2005 y mayo de 2007. La primera calculó el valor en $7 millones y la otra en $10.1 millones.

Por su parte, la Legislatura hizo dos tasaciones, una en noviembre de 2006 y otra en junio de 2007. La primera tasación arrojó un valor de $8 millones y la segunda $5.9 millones.

Velázquez no pudo explicar el bajón de una tasación a otra.

“Hubo un tranque. Vinieron los tasadores y no nos pusimos de acuerdo”, dijo Velázquez.

Así las cosas, Covadonga Properties, dueña del edificio, retiró su ofrecimiento de venta y la Asamblea Legislativa decidió adquirir el inmueble mediante expropiación forzosa. Para ello se propone depositar $5.9 millones en el tribunal, indicó Velázquez. Otro millón de dólares se usará para preparar el edificio para trabajos legislativos.

Resurge Tommy Habibe

Una revisión de documentos de incorporación del Departamento de Estado reveló ayer que Covadonga Properties fue incorporada el 18 de noviembre de 1996 y que entonces el empresario Tommy Habibe Arias fungía como agente residente.

En el informe corporativo de 1999 de esa empresa aparece Wilfredo Marrero como agente residente, presidente y tesorero de la compañía.

En 2001, Habibe Arias se declaró culpable de conspiración, interferencia con el comercio interestatal mediante extorsión y lavado de dinero en un caso de fraude con fondos del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). Por su parte, Marrero fue interrogado por el gran jurado que realizó la investigación que llevó a las acusaciones federales contra Habibe Arias, de acuerdo a reportajes de prensa.

Habibe Arias ha sido presidente y fundador de Habibe Computer Corporation, una de tres empresas contratadas por $56 millones por el CRIM para digitalizar el catastro. Habibe Arias cumplió un año de cárcel.

McClintock y Aponte dijeron que no conocían los montos de las tasaciones del edificio o que éste pudiese pertenecer a Habibe Arias.

No fue posible contactar a Habibe Arias ni a Marrero. Por su parte, Miriam Rodríguez, de Interland Properties, dijo que la persona con quien siempre se ha comunicado sobre esta propiedad es Marrero. Rodríguez explicó que ella es la encargada de la propiedad y quien la mercadea.


Cuestionable compra de Covadonga

viernes, 27 de junio de 2008
Antonio R. Gómez / Primera Hora

En medio de la avalancha de medidas aprobadas por la Legislatura en su cierre el miércoles, ambos cuerpos avalaron una polémica resolución que asigna $8.9 millones para la compra de un nuevo edificio para la Cámara de Representantes.

El edificio, se aseguró a PRIMERA HORA, pertenece a la familia del empresario convicto por corrupción Tommy Habibe Arias.

El inmueble es el edificio Covadonga en el Viejo San Juan y es el que antes se conocía como “Edificio Habibe”.

La autorización de la compra se hizo mediante la Resolución conjunta de la Cámara 2686, del presidente de ese cuerpo, José Aponte, y que fue derrotada el pasado martes. La misma se trajo nuevamente a votación la noche del miércoles por vía de la reconsideración y finalmente fue aprobada.

Aponte, que justificó la inversión con la necesidad de espacio que tiene la Cámara, dijo desconocer quiénes son los dueños de la propiedad ni el monto de la tasación.

“Desconozco. Originalmente la información que yo tengo es que cuando se construyó el inmueble era de la familia Habibe”, dijo. “En este momento no sé si es de la familia Habibe o si ellos tienen un interés en el mismo. Son asuntos que el superintendente (del Capitolio) en el proceso de acercamiento de compra debe de saber”, señaló tras indicar que ese funcionario, Eliezer Velázquez, es quien está a cargo de la negociación.

Velázquez dijo luego a PRIMERA HORA que negocia a través de un agente de bienes raíces, el que identificó a los dueños como la empresa Covadonga Properties, Inc. No precisó quiénes son los propietarios de la corporación.

A la pregunta de la posible ilegalidad de realizar negocios con personas convictas de cargos de corrupción gubernamental, Aponte respondió que “eso lo disponen los asesores legales. Eso son evaluaciones que tienen que hacer los asesores legales”.

Según Velázquez, hay cuatro tasaciones del edificio y la última preparada por los vendedores fue de $10.1 millones, mientras la de la Legislatura fue de $5.9 millones. La recomendación, dijo, es la expropiación forzosa.

Habibe Arias se declaró culpable el 23 de julio de 2001 de los delitos de conspirar para interferir con el comercio interestatal mediante extorsión y conspiración para lavar dinero y fue sentenciado a 12 meses y un día de cárcel, tres años de libertad supervisada y la confiscación de bienes por $533,034. Su hijo, Tommy O. Habibe Vargas, hizo lo propio el 25 de abril de 2002 y fue sentenciado a cuatro años de probatoria y la confiscación de bienes por $39,039.

Las acusaciones son por un fraude al proyecto de digitalización del catastro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Oposición de Fortuño a la compra de edificio
Sábado, 28 de Junio de 2008
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

El candidato a gobernador del Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, se opuso ayer a que la Legislatura adquiera un edificio aledaño al Capitolio, valorado en cerca de $9 millones.

El presidente del PNP aseguró que él se enteró “por el periódico” de las intenciones de la Cámara de Representantes de expropiar el inmueble con un remanente de la famosa emisión de bonos de $425 millones que la Asamblea Legislativa autorizó esta semana.

Fortuño recalcó que el presidente de la Cámara, José Aponte, nunca le consultó sobre la transacción.

El edificio le pertenece a Covadonga Properties, una corporación que en 1996 tenía como agente presidente al empresario convicto Tommy Habibe.

En 2001 -dos años después que Habibe es hallado culpable de conspiración, extorsión y lavado de dinero en el sonado caso del Crim-, el agente incorporador cambia. De ahí en adelante quien figura en esa posición es Wilfredo Marrero.

Fortuño dejó a la Cámara “vestida y alborotada” al recordarle a su líder que el programa de gobierno del PNP incluye una reforma legislativa amplia, cuyo objetivo es el ahorro de fondos públicos. Dicha reforma podría llevar a que se reduzca incluso el número de senadores y representantes, si los puertorriqueños consienten en enmendar la Constitución.

“Si vamos a reducir el número de oficinas, no hay siquiera que alquilarlas”, acotó el Comisionado Residente en una entrevista con PRIMERA HORA.

Si de todos modos hubiese necesidad de espacio extra, Fortuño dijo que alrededor del Capitolio hay edificios del Gobierno central que se pueden compartir con la otra rama de gobierno.