Determinación

“Luego de haber concedido a la parte concesionaria el derecho a una vista para rebatir los aspectos fácticos como de derecho de la Orden de Mostrar Causa, habiéndose negado ésta a así hacerlo, esta Administración de Reglamentos y Permisos, en protección del bienestar general del concesionario y atención al interés público involucrado en la presente controversia, donde se están llevando a cabo construcciones en terrenos de dominio público, por la presente y conforme a las facultades conferidas en las leyes y reglamentos, se suspende los efectos de los permisos de construcción concedidos por un término de 60 días a partir de la notificación de la presente orden y se ordena paralizar cualquier obra de construcción que se esté llevando a cabo en los predios de los casos, aquí en controversia que no cuente con un permiso de uso autorizado por esta Agencia. Esta orden podrá ser prorrogada del interés público así ameritarlo”.
 
Decide Arpe contra Paseo Caribe
 


VIERNES, 28 de diciembre de 2007
 
Por Eugenio Hopgood Dávila /
El Nuevo Día

La agencia frena la construcción como solicitó el  Gobernador.
 

La Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe) emitió ayer la resolución que paraliza por 60 días las obras en Paseo Caribe.

Por otra parte, la empresa desarrolladora San Gerónimo Caribe Proyect Inc., y FirstBank solicitaron al Tribunal Supremo que atienda directamente la controversia sobre la titularidad de los terrenos del proyecto y le ordene la paralización de todos los procedimientos administrativos y judiciales sobre el caso hasta que el Alto Foro determine quién es el dueño de los terrenos.

Esta última solicitud de remedio en forma de una moción en auxilio de jurisdicción radicada ayer a mediodía ante el Tribunal Supremo no evitó que Arpe emitiera su resolución unas cinco horas después.

“No hemos sido notificados oficialmente (de la moción radicada ante el Tribunal Supremo), un periodista me lo comentó hoy”, dijo el ingeniero Luis Vélez Roché, administrador de Arpe. No obstante, el funcionario dijo que está claro que el Supremo puede paralizar los efectos de la resolución emitida ayer por la agencia.

Arpe sostuvo que para aprobar los más de 20 permisos solicitados por San Gerónimo Caribe Proyect desde el 19 de enero del 2000 hasta el 17 julio de este año “tuvo ante sí unas serie de hechos y documentos cuya validez no había sido cuestionada y en la cuales basó sus determinaciones”. Dijo que la opinión del Secretario de Justicia que determinó que parte del proyecto está en la zona marítimo terrestre, que fueron ganados al mar “por lo que no eran susceptibles de pasar a propiedad privada... tiene el efecto de reducir el tamaño del solar considerado para el proyecto por lo que indubitadamente varían los parámetros de evaluación”.

Arpe sostuvo en la resolución de 18 páginas que tiene no sólo la autoridad para negar o conceder los permisos sino que tiene “el poder inherente de revocar los mismos”.

La resolución acepta el planteamiento del desarrollista de que es a los tribunales a quien les corresponde dilucidar una controversia sobre título, pero dice que Arpe “está impedida de otorgar un permiso de construcción a una persona cuando no le consta que efectivamente aquella es la dueña”.

“Procede que Arpe actúe sobre un permiso, conforme a los poderes que le concede la ley, mientras se está dilucidando un asunto de titularidad en los tribunales”, añade la resolución.


A deslindar los terrenos

Vélez Roche dijo a este diario que durante los 60 días, que comienzan a correr a partir de que la empresa reciba la notificación por correo, agencias como el Departamento de Recursos Naturales, entre otras, llevarán a cabo diversos procedimientos técnicos como la mensura y deslinde de los terrenos. Dichas acciones están contenidas en la resolución emitida este mes por la Junta de Planificación.

Los abogados del proyecto presentaron el miércoles a las 5:00 p.m. un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicitan que expida un auto de certificación mediante el cual el Alto Foro puede entender directamente en cualquier caso que esté ante un tribunal de instancia si es un asunto novel de derecho o una controversia de alto interés público. La empresa argumentó que es una controversia de estricto derecho que puede ser resuelta sin la participación del tribunal inferior y solicitaron que resuelva que son titulares de los terrenos. “Lamento mucho que la agencia haya tomado esa decisión que, a mi juicio, es ultra vires’ (más allá de la autoridad legal)”, dijo a la AP Luis Sánchez Betances, abogado del desarrollista Arturo Madero .