Exige voluntad para salvar el San Jerónimo

El Nuevo Día  sábado, 14 de julio de 2007
Por Maritza Díaz Alcaide

           Llamado urgente al gobierno



Aunque el ICP claudicó ante el proyecto de Paseo Caribe y finalmente otorgó su endoso, Alegría afirmó ayer que el Instituto tiene poderes y que sólo se requiere que quienes lo dirigen quieran ejercerlos.

Don Ricardo Alegría, la persona que en los años cincuenta salvó de las ruinas al fortín San Jerónimo del Boquerón, advirtió ayer que el Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de proteger la histórica edificación, incluso de procurar que se eliminen las piscinas diseñadas para el complejo turístico Paseo Caribe, dispuestas frente por frente al monumento.

“La fortificación tiene que ser más importante que cualquier otra construcción”, subrayó el primer director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) durante una entrevista con PRIMERA HORA.

En cuanto a las piscinas de Paseo Caribe, Alegría dijo que permitirlas sería una “vergüenza” ante el paisaje que le aportan al fortín.

Alegría no pidió la demolición total de Paseo Caribe. Pero, advirtió que el Gobierno de Puerto Rico tiene que garantizar la integridad del fortín, el acceso del público y si eso conlleva remover alguna construcción, habrá que hacerlo.

Restaurar San Jerónimo, dijo Alegría, es más fácil de lo que se ha querido proyectar. Tanto así que las obras podrían completarse en un periodo de tan sólo seis meses.

Según el respetado antropólogo y restaurador del Viejo San Juan, ni siquiera sería indispensable la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, si hay voluntad por parte del Gobierno de Puerto Rico de tomar las acciones correspondientes.

El monumento, aseguró, se puede salvar porque está en mejores condiciones que las que él lo encontró en 1956, cuando le fue cedido por el Municipio de San Juan y él, como director ejecutivo del ICP, dispuso allí el establecimiento de un museo militar.

La voz de la experiencia

Aunque el ICP claudicó ante el proyecto de Paseo Caribe y finalmente otorgó su endoso, Alegría afirmó ayer que el Instituto tiene poderes y que sólo se requiere que quienes lo dirigen quieran ejercerlos.

“Yo, como director ejecutivo, detuve la demolición de lo que hoy es el hotel El Convento. Lo declaré monumento histórico. En los años 50, Luisa Géigel quería demoler la casa donde se estableció el Museo de la Familia y le ganamos en el (Tribunal) Supremo”, recordó sobre aquellas múltiples batallas que dio para salvaguardar nuestro patrimonio histórico edificado, en muchas instancias -como ahora- en contra de intereses económicos.

Esos intereses, de hecho, llevarían a mediados del siglo pasado a vislumbrar, por ejemplo, el Viejo San Juan como un “pequeño Nueva York”, una quimera peligrosa.

En el orden político, un Alegría de apenas 32 años también se enfrentaba entonces a la Ley de la Mordaza, cuya imposición derrotó cuando el Departamento de Justicia le quiso ordenar el retiro de los nombramientos de Roberto Biascochea e Isabel Gutiérrez, por haber sido expulsados por razones políticas de la Universidad de Puerto Rico.

Que se revisen las escrituras

Alegría recomendó, de otro lado, que se examinen las escrituras y contratos de compraventa de la zona donde enclavan Paseo Caribe y el hotel Caribe Hilton.

Esos terrenos, con el cambio de soberanía en 1898, pasaron de la Corona Española al Gobierno de Estados Unidos.

Donde eventualmente el Gobierno de la Isla construyó el Hilton fue un espacio que en 1921 el Gobierno federal concedió en usufructo a Virgil Baker, un radiotelegrafista retirado y oficial de la Marina que había logrado desencallar de la entrada del Morro la embarcación del héroe de la Primera Guerra Mundial John J. Pershing.

En 1946, la Compañía de Fomento Industrial, bajo Teodoro Moscoso, adquiere de Baker esos terrenos para la construcción del Caribe Hilton.

Baker ya había cedido otros terrenos de la zona, frente al Tribunal Supremo, pero la transacción terminó en corte porque quienes los adquirieron se negaban a pagar contribuciones, por no considerarse propietarios.

“Por lo general, las tranferencias de terrenos con valor militar se condicionan, por si se requieren para una emergencia”, explicó Alegría, quien también sugirió que se lleve a cabo un análisis de los documentos que dieron pie al reciente traspaso por parte del Gobierno federal al estatal de los terrenos donde se construye Paseo Caribe.

“Esa escritura es importante porque puede contener restricciones sobre el uso de esos terrenos”, advirtió.

Recordó en ese mismo contexto que la venta en 1998 del Caribe Hilton, por parte de la administración de Pedro Rosselló, se hizo “por la absurda suma de $80 millones”.

El Hilton era a la sazón el único de los hoteles del Gobierno que tenía ganancias.