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Don Ricardo Alegría, la
persona que en los años cincuenta salvó de las ruinas al fortín
San Jerónimo del Boquerón, advirtió ayer que el Gobierno de
Puerto Rico tiene la obligación de proteger la histórica
edificación, incluso de procurar que se eliminen las piscinas
diseñadas para el complejo turístico Paseo Caribe, dispuestas
frente por frente al monumento.
“La fortificación tiene que ser más importante que cualquier
otra construcción”, subrayó el primer director ejecutivo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) durante una entrevista
con PRIMERA HORA.
En cuanto a las piscinas de Paseo Caribe, Alegría dijo que
permitirlas sería una “vergüenza” ante el paisaje que le aportan
al fortín.
Alegría no pidió la demolición total de Paseo Caribe. Pero,
advirtió que el Gobierno de Puerto Rico tiene que garantizar la
integridad del fortín, el acceso del público y si eso conlleva
remover alguna construcción, habrá que hacerlo.
Restaurar San Jerónimo, dijo Alegría, es más fácil de lo que se
ha querido proyectar. Tanto así que las obras podrían
completarse en un periodo de tan sólo seis meses.
Según el respetado antropólogo y restaurador del Viejo San Juan,
ni siquiera sería indispensable la ayuda del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, si hay voluntad por parte del Gobierno
de Puerto Rico de tomar las acciones correspondientes.
El monumento, aseguró, se puede salvar porque está en mejores
condiciones que las que él lo encontró en 1956, cuando le fue
cedido por el Municipio de San Juan y él, como director
ejecutivo del ICP, dispuso allí el establecimiento de un museo
militar.
La voz de la experiencia
Aunque el ICP claudicó ante el proyecto de Paseo Caribe y
finalmente otorgó su endoso, Alegría afirmó ayer que el
Instituto tiene poderes y que sólo se requiere que quienes lo
dirigen quieran ejercerlos.
“Yo, como director ejecutivo, detuve la demolición de lo que hoy
es el hotel El Convento. Lo declaré monumento histórico. En los
años 50, Luisa Géigel quería demoler la casa donde se estableció
el Museo de la Familia y le ganamos en el (Tribunal) Supremo”,
recordó sobre aquellas múltiples batallas que dio para
salvaguardar nuestro patrimonio histórico edificado, en muchas
instancias -como ahora- en contra de intereses económicos.
Esos intereses, de hecho, llevarían a mediados del siglo pasado
a vislumbrar, por ejemplo, el Viejo San Juan como un “pequeño
Nueva York”, una quimera peligrosa.
En el orden político, un Alegría de apenas 32 años también se
enfrentaba entonces a la Ley de la Mordaza, cuya imposición
derrotó cuando el Departamento de Justicia le quiso ordenar el
retiro de los nombramientos de Roberto Biascochea e Isabel
Gutiérrez, por haber sido expulsados por razones políticas de la
Universidad de Puerto Rico.
Que se revisen las escrituras
Alegría recomendó, de otro lado, que se examinen las escrituras
y contratos de compraventa de la zona donde enclavan Paseo
Caribe y el hotel Caribe Hilton.
Esos terrenos, con el cambio de soberanía en 1898, pasaron de la
Corona Española al Gobierno de Estados Unidos.
Donde eventualmente el Gobierno de la Isla construyó el Hilton
fue un espacio que en 1921 el Gobierno federal concedió en
usufructo a Virgil Baker, un radiotelegrafista retirado y
oficial de la Marina que había logrado desencallar de la entrada
del Morro la embarcación del héroe de la Primera Guerra Mundial
John J. Pershing.
En 1946, la Compañía de Fomento Industrial, bajo Teodoro
Moscoso, adquiere de Baker esos terrenos para la construcción
del Caribe Hilton.
Baker ya había cedido otros terrenos de la zona, frente al
Tribunal Supremo, pero la transacción terminó en corte porque
quienes los adquirieron se negaban a pagar contribuciones, por
no considerarse propietarios.
“Por lo general, las tranferencias de terrenos con valor militar
se condicionan, por si se requieren para una emergencia”,
explicó Alegría, quien también sugirió que se lleve a cabo un
análisis de los documentos que dieron pie al reciente traspaso
por parte del Gobierno federal al estatal de los terrenos donde
se construye Paseo Caribe.
“Esa escritura es importante porque puede contener restricciones
sobre el uso de esos terrenos”, advirtió.
Recordó en ese mismo contexto que la venta en 1998 del Caribe
Hilton, por parte de la administración de Pedro Rosselló, se
hizo “por la absurda suma de $80 millones”.
El Hilton era a la sazón el único de los hoteles del Gobierno
que tenía ganancias.
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